A GOLPES CON LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS El enfrentamiento entre un rector de universidad pública y un centro de enseñanzas artísticas.

10 Octubre 2019 En Noticias

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha anunciado oficialmente su decisión de asumir totalmente la gestión y la docencia del Grado en Artes Visuales y Danza que hasta este momento se impartía de forma conjunta con el Instituto Universitario de Danza “Alicia Alonso”. En carta dirigida a los alumnos de ese grado y que publica en la web de la URJC, Ramos adelanta que “esta fase de transición entre un modelo y otro de gestión de la docencia oficial se irá produciendo durante las próximas semanas” y que se informará adecuadamente del inicio de esta.

Esta decisión, que se anuncia como un acto administrativo casi normal dentro del funcionamiento de la universidad, constituye en realidad una acción de una violencia tal que lesiona a la vez principios pedagógicos, legales y administrativos. 

Aquello que Ramos etiqueta con la inocua frase  “fase de transición entre un modelo y otro de gestión” implica, una vez comenzado un curso lectivo, no sólo cambiar la coordinación o gestión de un grado, sino sustituir gran parte del profesorado (trabajadores del Instituto Universitario de Danza) y por lo tanto cambiar por otros los programas académicos ya comenzados a impartir, anular evaluaciones realizadas, perturbar, en fin, un proceso ordenado de enseñanza-aprendizaje que se inició para los alumnos hace un mes y para los profesores implicados, al menos desde el pasado mayo. No es menos importante aclarar que la Memoria del Grado aprobada por ANECA estipula la impartición compartida de este Grado.

Desde un punto de vista administrativo y de gobierno de la Universidad, esa “fase de transición” comprende la contratación repentina de un buen número de profesores externos, gran parte de ellos probablemente con menos experiencia docente, o profesional o artística que los actuales, cuyo supersónico proceso de selección no ha seguido los causes normativos adecuados.

Esta decisión del Rector también significa el incumplimiento de convenios y contratos desde el momento en que consta por escrito la seguridad expresada al Instituto de prorrogar la impartición compartida al curso 2019/2020 (y no al curso anterior, como de forma inexacta afirma Ramos en su carta a los estudiantes). Una prórroga que ya incumple el Convenio en que se basa la relación entre ambas instituciones pues este estipula dos años de plazo hasta la extinción después de su denuncia, la cual se hizo efectiva sólo el 24 de julio del presente año. Presumiblemente, la Universidad tendrá que responder por este incumplimiento de convenio y asumir la responsabilidad legal, administrativa y económica del despido de trabajadores ya contratados, del esfuerzo material invertido en la programación y organización del curso y, por supuesto, de las consecuencias que pueda tener para el Instituto y su proyecto esta abrupta ruptura sin una transición adecuada.

Esta medida afecta gravemente a los estudiantes, trabajadores y profesores del Instituto y de la Universidad, provoca una perturbación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la ordenación académica del centro, vulnera la normativa vigente y supone una afectación importante para los presupuestos de la Universidad. Sin embargo, esta decisión que no es una simple “fase de transición entre un modelo y otro de gestión” no ha sido presentada ni explicada siquiera al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de la URJC.

¿Por qué el rector ha tomado una decisión de presumibles serias consecuencias para esta universidad que ya posee un prestigio bajo sospecha? ¿Por qué no ha seguido los plazos y causes habituales? ¿Hay motivos objetivos suficientes?Según aducen tanto Ramos como algunos de sus vicerrectores, “las exigencias legales y, por otro, los cánones de transparencia en los que quiere situarse la URJC, no permiten que la vinculación entre ambas instituciones, con relación a la docencia de grados oficiales, siga siendo la misma.

Y justifican tan intempestiva ruptura de relaciones por “la falta de acuerdo” después de un intercambio de propuestas entre las instituciones para lograr una “salida consensuada al problema planteado”. Hemos hecho todo lo posible, nos quieren decir, pero no nos queda más remedio que terminar esto en aras de la transparencia institucional y la legalidad…   

Sin embargo, el rector no cuenta que la única propuesta de su equipo, el cual rechazó todas las alternativas propuestas por el Instituto, era inviable económicamente para cualquier institución. Inviable de una forma tan evidente que hace dudar de una verdadera voluntad de acuerdo.

El equipo del rector exigía al Instituto el pago del 50% de la matrícula del grado y un alquiler anual por las instalaciones de 186 600 €,  de acuerdo con la valoración del Departamento de Contabilidad de la Universidad, además de firmar un nuevo convenio de adscripción que anulaba derechos del centro adscrito asegurados en el Convenio vigente.

En primer lugar, el Instituto de Danza es un centro de denominación de la Fundación de la Danza “Alicia Alonso” que realiza una labor de interés general y servicio público. Las fundaciones no pueden obtener beneficios. Nadie ha invertido un capital en la Fundación para obtener ganancias, como sí ocurre (dentro de toda la legalidad), con otros centros adscritos y empresas relacionadas con la URJC. El Instituto financia sus actividades académicas con el importe de las tasas de matrículas que se rigen por los precios públicos. Estos no cubren el coste real de la formación de cada alumno. Son precios subvencionados y las universidades reciben de la Comunidad una parte de ese importe que no paga el estudiante. La Rey Juan Carlos, que no transfiere ese otro importe al Instituto, ahora le está exigiendo, además, la mitad de la matrícula que paga el estudiante. Esto es inviable económicamente. Los otros centros adscritos no cobran las matrículas sólo en precios públicos.

El equipo del rector de la URJC ha afirmado en varias ocasiones a los medios que el Instituto hasta este momento percibía 1 millón de euros de la Universidad y además disfrutaba de las instalaciones que utiliza a coste cero. También dejaban deslizar la idea de que esto servía para el “beneficio de sus gestores”. Todo el que conozca de economía educativa sabe que una titulación universitaria en España, sobre todo si es de enseñanzas artísticas, apenas puede garantizarse con un presupuesto de un millón de euros (en realidad 960 000 €). Por otra parte, esta suma no es una subvención o pago de la URJC. Prácticamente el 85% de ella lo constituyen las matrículas de los estudiantes, y el resto de la aportación se equilibra largamente con las prestaciones calculadas en más de dos millones de euros que ofrece este centro de enseñanzas artísticas. Estas incluyen desde producciones de obras escénicas, vestuario, equipamiento, derechos de autor y propiedad intelectual, capital del conocimiento y muchas otras aportaciones de una institución de amplio reconocimiento internacional y excelencia acreditada.

Las instalaciones a coste cero no son una deferencia anterior de la Universidad que hay que corregir, fueron cedidas a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y esta las aporta al Instituto Universitario de Danza para que desarrolle un proyecto pionero de implantación de enseñanzas artísticas de nivel universitario. Ese es el Convenio que la Universidad quiere extinguir y no modificar, como plantea el Instituto y cuyo fin pone en peligro no sólo el grado, sino un proyecto que incluye también el Título Superior de Danza y que tantos beneficios ya ha aportado a la profesión de la danza en este país, a su conocimiento y desarrollo académico.

Por otra parte, llama la atención que se esgriman unos “cánones de transparencia en los que quiere situarse la URJC” cuando pocas dependencias de la Universidad deben poner a examen exhaustivo cada año sus cuentas, el cumplimiento de su plan de actividades y el mantenimiento de sus objetivos y normativas como lo hace la Fundación de la Danza “Alicia Alonso” ante la Comunidad de Madrid. Cuando se pidió a los Institutos de la URJC el rendimiento de cuentas y la documentación de sus actividades a raíz de los desafortunados hechos que todos conocemos, el Instituto los entregó todos en orden al día siguiente. 

Toda la relación institucional entre ambas instituciones es transparente y recogida en convenios, no bilaterales, sino con la participación de la Comunidad de Madrid y bajo su autoridad. Es precisamente las decisiones que se han tomado incumpliendo convenios y acuerdos sin ninguna discusión colegiada dentro de los órganos de gobierno de la URJC las que no son tan transparentes.

Si a pesar de todo, el rector de la Universidad quiere romper las relaciones institucionales, por la razón que sea, con una institución que tanto ha aportado a las enseñanzas artísticas españolas y a la URJC en particular; con un centro que ayer mismo formaba parte de la vitrina de los logros de esta universidad y que ha sido elogiado en bastantes ocasiones por ese mismo rector, pues evidentemente puede hacerlo. Pero debe hacerlo no de esta manera, sino ateniéndose a los acuerdos y convenios, respetando los plazos, consultando esta decisión con los órganos de gobierno. Debe hacerlo teniendo en cuenta, en primer lugar, el bienestar de los estudiantes, el interés de sus trabajadores, el cuidado con el patrimonio público y los activos de su propia universidad.

También debe explicar mejor, por qué quiere acabar con un proyecto que difícilmente podría haberse desarrollado en una universidad sin la participación de un centro como el Instituto “Alicia Alonso”. Porque las enseñanzas artísticas que el Instituto defiende y que ha impulsado a lo largo de estos años junto a la URJC son muy difíciles de implantar dentro de nuestro sistema universitario público debido a sus propias características si en realidad quieren impartirse como un proyecto integral de formación, investigación y creación artística. Las enseñanzas artísticas no se pueden enseñar con los mismos métodos y recursos que las ingenierías, dedicando sólo 10 horas por crédito de docencia directa, obviando el componente de entrenamiento, creación e interpretación artística. Esas características fundamentales son las que aporta el Instituto en esta ecuación y son las que el nuevo modelo propuesto por el rector no garantiza. Y el deseo de defender este proyecto, de exigir el mínimo respeto a lo que se ha alcanzado, y la necesidad de exigir los derechos legales que posee el Instituto es lo que ha obligado a nuestro centro a enfrentarse a las intenciones del equipo de gobierno de la URJC.

 

Firmado: Instituto Universitario de Danza “Alicia Alonso”

10 de octubre de 2019

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